Imagino la cara que se le pondría al juez Ruz cuando el técnico encargado de explorar los archivos de Bárcenas, presuntamente “custodiados” por la señora Cospedal, le dijera tal que así:

–Señoría, en los ordenadores no hay nada.

–¿Cómo que nada?

–Uno viene sin el disco duro, y en el otro está todo borrado.

Era a comienzos de septiembre, cuando sólo un ligero bronceado de los escasos días de vacaciones pudo mitigar el blancor repentino que se apoderó del rostro del juez, por lo demás engañosamente aniñado. A lo mejor fue por ahí, por su aspecto de alumno de selectividad, por donde creyeron en la calle Génova que podían colarle lo que fuera.

–¿Han mirado bien? –formuló el hombre, con un resto de ingenuidad que le quedaba. (Después ya no).

–Desde luego, señoría. Ni rastro.

El magistrado pensó que había sido demasiado blando al no ordenar a tiempo un registro en la sede del partido del Gobierno y llevarse sin más los ordenadores. Pero la verdad es que no se había atrevido. En aquel momento se le pusieron por delante todas las fuerzas jurídicas al servicio, total o parcial, del partido del Gobierno: un miembro activo de esa formación, hasta tiempos recientes, ocupaba la cúpula del Tribunal Constitucional. Pronto habría mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial. La Asociación Profesional para la Magistratura, del mismo signo. El Supremo, según qué salas; una de ellas ya había expulsado al juez Garzón de la carrera por sacar los pies del plato. Demasiado, en fin, para un juez solo.

Dudó un momento si empapelar sobre la marcha a la responsable, la señora Cospedal, o dirigir demanda explicativa de cómo era que le había mandado dos ordenadores inservibles. De momento, prefirió esto último. La respuesta le dejó aún más perplejo: “Nos obliga el protocolo cada vez que un ordenador cambia de manos”. ¿Protocolo? ¿Qué protocolo? Más bien la ley obligaba a la custodia cuando hay un procedimiento en marcha. Lo siguiente fue redactar un borrador de inculpación por “obstrucción a la justicia, en grado tentativo de burla”. Pero lo pensaría un poco más. Daría tiempo a ver qué opinaba el fiscal, hasta ese momento aliado en la investigación. Pero el fiscal cambió de pronto de actitud. No había que investigar la destrucción de los discos duros, porque ya no aportaría nada. No había que llamar al presidente, porque tampoco iba a “aportar nada relevante a la causa”; ni investigar a los donantes del PP, porque llevaría demasiado tiempo y no había “indicios bastantes”. Los presuntos sobresueldos de Rajoy y otros dirigentes del partido, entre 2007 y 2008, no se podían investigar, pues no superaban el límite legal de los 120.000 euros anuales. Los años anteriores, ya estarían prescritos.

Pensó entonces el atribulado juez llamar a declarar al anterior tesorero, a Álvaro Lapuerta, que habría rubricado la autenticidad de los apuntes de Bárcenas. Complicado. Lapuerta estaba muy enfermo y acaso no podría declarar, o no servirá de nada. ¡Ah, sí, aún quedaba algo importante! Las agendas de la secretaria de Bárcenas, donde debían figurar visitas y otros datos de mucho interés, concordantes con los famosos papeles. Nuevo fiasco: la secretaria de Bárcenas declaró que había destruido las agendas. Pero aún faltaba lo inaudito: dos interventores de Hacienda le informaron de que las donaciones ilegales pueden desgravar y, si están por debajo de los 120.000 euros, no alcanzan el umbral de delito fiscal. No son perseguibles de oficio.

Ese día, el juez Ruz, cuando lo juntó todo en su cabeza, no se atrevió a mirarse al espejo.

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