Alberto Garzón dejó en suspenso un acuerdo con Podemos, que  hubiera supuesto la repetición de elecciones, por lo menos hasta finales de junio. Tiempo precioso que se necesitaba para ir  tomando decisiones de emergencia,  además de  no  poner en riesgo una larga historia de sufrimientos, la del PCE.  Buen chico parecía ese Alberto, también. Cierto cronista  escribió por esas fechas que, en aquel eventual acuerdo , Podemos ponía la ola e Izquierda Unida los peces. Pero aquella misma, inútil  dilación,  habría propiciado cosas peores, como que un tal Otegi se paseara  por ciertos parlamentos -de la mano de dos buenos chicos-, sin haber condenado a ETA,  atribuyéndose méritos de paz que no tenía y causando un lancinante dolor a las víctimas del terrorismo.

El escollo mayor, sin embargo,  estuvo en lo de siempre:  los testarudos independentistas catalanes.  Tras arduas negociaciones, el eterno asunto quedó aplazado sine die. Con soterramiento y tácitas complicidades, la idea federal se fue abriendo paso, en paralelo con la reforma de la Constitución,  de la Ley Electoral y del sistema por el que se eligen –es un decir-  los jueces de los órganos y tribunales superiores.  Tres asuntos  de calado,  que el  gabinete de Sánchez  puso a caminar en enero mismo de 2016, junto con la contrarreforma laboral,  el desenredo educativo, la renta básica, la ley antidesahucios, la igualdad salarial entre hombres y mujeres, etcétera.  En voz baja, se decía que lo que de verdad influyó para que el tormento catalán  quedase aparcado fue que no se avizoraba por fuera  quien avalase la pregonada desconexión.  En las cancillerías de medio mundo  había causado estupor que todo dependiera de unos acreditados antisistemas,  así como el argumento principal de los que querían irse: que  España les robaba. De ser cierto, ¿no sería asunto más propio de tribunales, europeos tal vez? Tampoco  hay que desdeñar un nuevo argumento,   surgido al evacuar consultas a una comisión internacional de prestigiosos ENIF (Economistas No Implicados en Fantasmagorías): Cataluña tendría que compensar al resto de España por dos o tres  siglos de productos catalanes a precios protegidos por el Estado.   Caray, con eso sí que no contaban. Curiosamente, la premisa para esta formulación tenía un arranque literario, algo que escribió el novelista francés Henri Beyle, de seudónimo Stendhal, a resultas de un viaje por Cataluña, en 1839: “Los catalanes quieren leyes justas, a excepción de la ley de aduanas, que debe ser hecha a su medida. Quieren que cada español que necesite algodón pague a cuatro francos la vara, por el hecho de que Cataluña está en el mundo. El español de Granada, de Málaga o de La Coruña, no puede comprar paños ingleses, que son excelentes, y que cuestan un franco la vara”. Cuando esto fue leído en la mesa de negociaciones, se hizo un silencio como de media hora. Luego se pasó a otros temas.

Uno de ellos fue buscar el modo de resarcir a  los damnificados  andaluces por los excesos verbales del catalanismo extremo,  tales como:  “Franco nos envió trenes llenos de gente a Cataluña para diluir a los catalanes”,  o “Los niños de Sevilla hablan el castellano, pero no se les entiende”, o “Con lo que hacemos nosotros, reciben el PER para pasar toda la jornada en el bar del pueblo”. Sin olvidar la perla de estos tristes abalorios, dicha por uno que se decía republicano de izquierda: “Los catalanes  tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles”. Y así.

Otro de esos acuerdos  rápidos consistió en levantar un monumento a Antonio Machado, en una plaza señera de Barcelona, con la siguiente inscripción: “Al poeta que, en los últimos días de la guerra civil, ya con la ciudad  asediada y bombardeada por las tropas franquistas, tuvo arrestos para ensalzar la lengua y la cultura catalanas.” En marzo  ya estaban puestos los cimientos.

Pero entonces desperté.

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